Mientras que unos piensan en cuidar su apariencia, qué decir o cuál debe ser la mejor respuesta a la entrevista a la hora de salir a buscar un empleo, una persona con discapacidad piensa en si escribe o no el nombre de su condición especial en el currículo.
Con tan solo escribir: soy sordo o ciego, las posibilidades de encontrar trabajo se reducen.
Pero esta realidad no es conocida solo por las personas con discapacidad, sino por la población que no tiene una discapacidad.
Tal es el caso de LEONARDO SEGURA, persona no vidente que prefiere esconder su discapacidad en su hoja de vida para tener la oportunidad de que conozcan su potencial.
Según datos del Censo Nacional del año dos mil aclara que solo el cinco por ciento de personas con discapacidad están ubicadas en puestos calificados y remunerados.
LEONARDO SEGURA actualmente trabaja para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz como recepcionista. Además es periodista en el Comité de Información de personas con discapacidad.
A pesar de tener esos trabajos, considera que la discriminación está presente. Por ejemplo a sus compañeros de trabajo en Fuerza y Luz los ascienden a altos puestos mientras que él se mantiene en el mismo puesto.
Entre las excusas que recibe SEGURA por parte de los empleadores para no contratarlo se encuentran: no estamos preparados para recibir sus servicios o son muchas las adaptaciones que se deben hacer.
LEONARDO SEGURA persona no vidente culpa a la desinformación que tienen los empleadores. Porque existe la ley del Impuesto sobre la Renta que beneficia a las empresas al contratan personas con alguna condición especial.
SEGURA considera la labor del Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Rehabilitación en este tema como malos. Porque no cumplen su tarea de fiscalizar.
Así se refirió LEONARDO SEGURA, persona no vidente al tema de empleo en las personas con discapacidad en nuestro país.
lunes, 16 de agosto de 2010
LO QUE TIENE QUE DECIR QUINCHO
La población con discapacidad en nuestro país que estudia es de casi veintisiete mil personas, comparado con los ciento setenta y dos mil que no estudian según el Consejo Nacional de Rehabilitación.
Para el diputado José Joaquín Porras del Partido Accesibilidad sin Exclusión, PASE, los entes encargados no cumplen con lo establecido en la ley siete mil 600.
Para el diputado, eliminar la discriminación existente en la educación es difícil y se inclina, más bien, hacia la concienciación hacia los futuros profesores.
Apunta que las barreras que se le presentan a una persona con discapacidad en los centros de educación son: arquitectónicas, aptitudinales y de discriminación.
Porras piensa porque el trabajo del Ministerio de Educación Pública, MEP, es muy deficiente y se queda atrás en educación hacia este colectivo.
Una luz para el PASE es que el actual gobierno esta anuente a colaborar con la población con discapacidad en cuanto a educación.
Por otro lado, califica al Consejo Nacional de Rehabilitación como elefante blanco. Para él diputado, el ente rector debería reemplazar a su jerarca.
Agrega que las personas con discapacidad no se sienten representadas con esta institución al no cumplir con su rectoría. Porras propone que el consejo se llame: Instituto de la discapacidad y Adulto Mayor para que pueda tener voz y voto.
Para el diputado, el ente rector en materia de discapacidad, debería tener la potestad de demandar al MEP, AL MOPT, al ICE y otras instituciones cuando cometan un acto discriminatorio. Recomienda que sea autónomo para que cumpla con sus obligaciones.
Según el diputado, el Consejo excluye a las organizaciones de personas con discapacidad, COINDIS, porque no les consulta cuando se toma una decisión.
Asismo las familias de personas con discapacidad debe conocer las leyes de este país para que defiendan a sus hijos en materia de educación.
Reconoce que a mayor educación mayor oportunidad de empleo.
Manifiesta que una persona con discapacidad se puede superar en este país, lo que falta es voluntad.
El diputado invita a que todas las personas visiten las oficinas del PASE para defenderlos ante cualquier discriminación.
Nos habló el diputado José Joaquín Porras refiriéndose a la situación educativa en nuestro país.
Para el diputado José Joaquín Porras del Partido Accesibilidad sin Exclusión, PASE, los entes encargados no cumplen con lo establecido en la ley siete mil 600.
Para el diputado, eliminar la discriminación existente en la educación es difícil y se inclina, más bien, hacia la concienciación hacia los futuros profesores.
Apunta que las barreras que se le presentan a una persona con discapacidad en los centros de educación son: arquitectónicas, aptitudinales y de discriminación.
Porras piensa porque el trabajo del Ministerio de Educación Pública, MEP, es muy deficiente y se queda atrás en educación hacia este colectivo.
Una luz para el PASE es que el actual gobierno esta anuente a colaborar con la población con discapacidad en cuanto a educación.
Por otro lado, califica al Consejo Nacional de Rehabilitación como elefante blanco. Para él diputado, el ente rector debería reemplazar a su jerarca.
Agrega que las personas con discapacidad no se sienten representadas con esta institución al no cumplir con su rectoría. Porras propone que el consejo se llame: Instituto de la discapacidad y Adulto Mayor para que pueda tener voz y voto.
Para el diputado, el ente rector en materia de discapacidad, debería tener la potestad de demandar al MEP, AL MOPT, al ICE y otras instituciones cuando cometan un acto discriminatorio. Recomienda que sea autónomo para que cumpla con sus obligaciones.
Según el diputado, el Consejo excluye a las organizaciones de personas con discapacidad, COINDIS, porque no les consulta cuando se toma una decisión.
Asismo las familias de personas con discapacidad debe conocer las leyes de este país para que defiendan a sus hijos en materia de educación.
Reconoce que a mayor educación mayor oportunidad de empleo.
Manifiesta que una persona con discapacidad se puede superar en este país, lo que falta es voluntad.
El diputado invita a que todas las personas visiten las oficinas del PASE para defenderlos ante cualquier discriminación.
Nos habló el diputado José Joaquín Porras refiriéndose a la situación educativa en nuestro país.
Otro protagonista nos habla...
Más de ciento setenta y dos mil personas con discapacidad no asisten a los centros de educación según datos del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.
Por otra parte, las que pueden optar por alcanzar una carrera son más de veintisiete mil personas.
Por este ausentismo, consultamos la ley siete mil 600 en materia de discapacidad y en el escrito dice: El Estado garantizará el acceso oportuno a la educación hacia las personas con discapacidad desde la estimulación temprana hasta la universidad.
Para Damaris Solano orientadora y portadora de silla de ruedas, el estado no garantiza la educación hacia esta población.
La orientadora considera que la parte aptitudinal de los profesores es una de las barreras para que las personas con discapacidad
puedan estudiar.
Damaris Solano reconoce que la población que los rodea carece de conciencia clara para aceptar compartir un aula con una persona con discapacidad.
Además relata que los profesores no ven la diversidad y se convierten en un obstáculo para esta población.
Solano considera que la posición que debe tener la familia para resolver estos problemas, es de empoderamiento e información. Porque asegura que la información da poder.
Al no tener presupuesto el papel que le corresponde al Consejo Nacional de Rehabilitación de informar a la población con discapacidad, según Damaris se queda corta.
Por lo que traslada la obligación hacia los padres de familia para que defiendan los derechos de sus hijos.
Para la orientadora actualmente se vive dos Costa Ricas: la que está plasmada en la ley siete mil 600 y las que viven las personas con discapacidad.
Es una realidad que enfrenta la población con alguna condición especial en materia de educación, que más bien pareciera ser un lujo y no un acto de superación.
Damaris Solano orientadora y portadora de silla de ruedas invita a la población con discapacidad a que siga modelos de personas que logran obtener una profesión.
Solano concluye que se debe hacer un llamado para que nuevas generaciones dejen el abstencionismo.
Por otra parte, las que pueden optar por alcanzar una carrera son más de veintisiete mil personas.
Por este ausentismo, consultamos la ley siete mil 600 en materia de discapacidad y en el escrito dice: El Estado garantizará el acceso oportuno a la educación hacia las personas con discapacidad desde la estimulación temprana hasta la universidad.
Para Damaris Solano orientadora y portadora de silla de ruedas, el estado no garantiza la educación hacia esta población.
La orientadora considera que la parte aptitudinal de los profesores es una de las barreras para que las personas con discapacidad
puedan estudiar.
Damaris Solano reconoce que la población que los rodea carece de conciencia clara para aceptar compartir un aula con una persona con discapacidad.
Además relata que los profesores no ven la diversidad y se convierten en un obstáculo para esta población.
Solano considera que la posición que debe tener la familia para resolver estos problemas, es de empoderamiento e información. Porque asegura que la información da poder.
Al no tener presupuesto el papel que le corresponde al Consejo Nacional de Rehabilitación de informar a la población con discapacidad, según Damaris se queda corta.
Por lo que traslada la obligación hacia los padres de familia para que defiendan los derechos de sus hijos.
Para la orientadora actualmente se vive dos Costa Ricas: la que está plasmada en la ley siete mil 600 y las que viven las personas con discapacidad.
Es una realidad que enfrenta la población con alguna condición especial en materia de educación, que más bien pareciera ser un lujo y no un acto de superación.
Damaris Solano orientadora y portadora de silla de ruedas invita a la población con discapacidad a que siga modelos de personas que logran obtener una profesión.
Solano concluye que se debe hacer un llamado para que nuevas generaciones dejen el abstencionismo.
jueves, 12 de agosto de 2010
SITUACION EDUCATIVA
Las personas con discapacidad en Costa Rica enfrentan una difícil situación educativa.
Si usted desea conocer más sobre este tema, no dude en escuchar el siguiente reportaje de radio, elaborado por los periodistas Florybeth González y Javier Paniagua.
En este trabajo periodístico hablan los mismisímos protagonistas y nos aclaran el panorama real de la población con alguna situación especial.
jueves, 5 de agosto de 2010
viernes, 30 de julio de 2010
TRABAJO?
Personas con Discapacidad siguen sin oportunidades reales de empleo:
Falta de oportunidades laborales y la discriminación durante las entrevistas de trabajo siguen siendo el dolor de cabeza de miles de personas con discapacidad que salen todos los días a la calle a buscar trabajo, así lo manifestó el Comité de Información para las Organizaciones de personas con Discapacidad ( COINDIS).
Aun cuando la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad establece en su artículo 23 que el Estado garantizará a esta población, tanto en zonas rurales como urbanas, el derecho de un empleo adecuado a sus condiciones y necesidades personales, lo cierto del caso es que el desempleo, junto con la falta de acceso al transporte público, se convirtió en una de las mayores barreras a las que este sector se enfrenta diariamente, explicó Ligia Araya Díaz,coordinadora COINDIS
Incentivos al favorecer empleo a este sector
Así lo establece la Ley 7092, "Ley de Incentivos para favorecer el empleo de las Personas con Discapacidad". En su artículo 8 se establece que es deducible de la renta bruta los sueldos, sobresueldos, los salarios, las bonificaciones y regalías, así como los aguinaldos, los obsequios y cualquier otra remuneración por servicios personales efectivamente prestados por empleados que presenten algún tipo de discapacidad.La Ley 7092 también permite deducir todos los costos de las adecuaciones realizadas a los puestos de trabajo, así como las adaptaciones al entorno en el sitio de labores incurridas por el empleador. Con esta legislación se pretende que las y los empleadores obtengan beneficios si contratan a personas con alguna discapacidad.
Decreto sobre plazas en instituciones del Estado
El decreto Nº 34135-MP-MTSS promulgado desde el 3 de diciembre de 2007 reservó el 5% de plazas disponibles en instituciones del Estado para ser ocupadas por personas con discapacidad que sean idóneas al puesto.Desgraciadamente el decreto nunca se llevó a la práctica pues casi ninguna de las instituciones de gobierno ha adecuado sus mecanismos de reclutamiento, selección de personal y puestos de trabajo para que personas con discapacidad participen de las ofertas laborales.Por ello, en el marco del Día Internacional del Trabajo, el COINDIS hace un llamado a las instituciones públicas y empresas privadas para que contribuyan con la apertura de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, pues de ello depende su nivel de vida y el de sus familias, comentó Araya.
Acciones de la ONU
Se estima que más de 500 millones de personas en el mundo tienen algún impedimento físico, mental o sensorial y alrededor del 80 % de estas personas viven en los países en desarrollo.
Generalmente a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y las relaciones sociales normales, se les ingresa innecesariamente en instituciones y tienen acceso restringido a edificios públicos y transporte debido a sus limitaciones físicas. Por si fuera poco, los discapacitados se encuentran en desventaja jurídica, ya que no cuentan con un documento oficial único que enumere sus derechos, sino que están dispersos en una serie de dictámenes judiciales, recomendaciones de la OIT e instrumentos jurídicos.
Pero no solamente las personas con discapacidad sufren. La sociedad pierde la oportunidad de aprovechar el enorme potencial de las personas con discapacidad.
La ONU ha luchado por mejorar vida de las personas con discapacidad. En el decenio de 1970, el concepto de los derechos humanos de las personas con discapacidad gano más aceptación internacional. En 1971 fue aprobada por la Asamblea General la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental y en 1975, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, la cual fija las normas para el trato igual y el acceso igual a los servicios que aceleran la integración social de estas personas.
En el Año Internacional de los Impedidos (1981) se adoptó el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y la proclamación del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (sólo en ingles 1983-1992). Debido a que a pesar de los esfuerzos de las Naciones Unidas "en pro de la igualdad de oportunidades", los discapacitados seguían siendo discriminados, la Asamblea adoptó en 1991 los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, y apoyó en 1994 una Estrategia a largo plazo para promover el Programa de Acción Mundial para los Impedidos que busca una "sociedad para todos"
NOTA DE LA ONU
Generalmente a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y las relaciones sociales normales, se les ingresa innecesariamente en instituciones y tienen acceso restringido a edificios públicos y transporte debido a sus limitaciones físicas. Por si fuera poco, los discapacitados se encuentran en desventaja jurídica, ya que no cuentan con un documento oficial único que enumere sus derechos, sino que están dispersos en una serie de dictámenes judiciales, recomendaciones de la OIT e instrumentos jurídicos.
Pero no solamente las personas con discapacidad sufren. La sociedad pierde la oportunidad de aprovechar el enorme potencial de las personas con discapacidad.
La ONU ha luchado por mejorar vida de las personas con discapacidad. En el decenio de 1970, el concepto de los derechos humanos de las personas con discapacidad gano más aceptación internacional. En 1971 fue aprobada por la Asamblea General la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental y en 1975, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, la cual fija las normas para el trato igual y el acceso igual a los servicios que aceleran la integración social de estas personas.
En el Año Internacional de los Impedidos (1981) se adoptó el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y la proclamación del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (sólo en ingles 1983-1992). Debido a que a pesar de los esfuerzos de las Naciones Unidas "en pro de la igualdad de oportunidades", los discapacitados seguían siendo discriminados, la Asamblea adoptó en 1991 los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, y apoyó en 1994 una Estrategia a largo plazo para promover el Programa de Acción Mundial para los Impedidos que busca una "sociedad para todos"
NOTA DE LA ONU
UN PROTAGONISTA Y SU TESTIMONIO
El seis por ciento de la población rural en Costa Rica tiene discapacidad. Según el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, eso equivale a un punto porcentual más que en la zona urbana.
En términos generales, el censo nacional realizado en el año 2000 indicó que más de 105 mil hombres y noventa y ocho mil quinientas mujeres conforman ese 5 coma 35 por ciento de población con discapacidad que vive en el país. Es decir, 48 por ciento son mujeres y 52 por ciento hombres.
Las cifras que presenta Costa Rica son relevantes si las comparamos con la experiencia de otros países de la región, donde la población con discapacidad severa representa entre un uno y un dos por ciento apenas.
Lo que no podemos dejar de lado es el hecho de que muchas de esas personas que ahora presentan discapacidad no nacieron así, si no que perdieron la vista, las piernas o los brazos a raíz de un accidente.
Por ejemplo, sólo en el 2007, cincuenta niños sufrieron daños irreversibles en accidentes de tránsito y se convirtieron en parte de la población con discapacidad.
Alvin Hidalgo es un joven que une esas dos circunstancias, sufrió un grave accidente de tránsito y por eso se transformó en una persona con discapacidad que vive en la zona rural. Lo peor para Alvin es que no consigue trabajo.
La pregunta entonces debe ser ¿Cómo enfrentan el tema laboral, las personas como Alvin? ¿Cuál es la historia detrás del desempleo?
Escuchabamos a Alvin Hidalgo, un joven de 22 años, vecino de Chánguena de Buenos Aires que nos hablaba de cómo enfrenta el tema laboral desde que un accidente de tránsito le arrebató su pierna derecha y con ella la posibilidad de trabajar en el campo.
En términos generales, el censo nacional realizado en el año 2000 indicó que más de 105 mil hombres y noventa y ocho mil quinientas mujeres conforman ese 5 coma 35 por ciento de población con discapacidad que vive en el país. Es decir, 48 por ciento son mujeres y 52 por ciento hombres.
Las cifras que presenta Costa Rica son relevantes si las comparamos con la experiencia de otros países de la región, donde la población con discapacidad severa representa entre un uno y un dos por ciento apenas.
Lo que no podemos dejar de lado es el hecho de que muchas de esas personas que ahora presentan discapacidad no nacieron así, si no que perdieron la vista, las piernas o los brazos a raíz de un accidente.
Por ejemplo, sólo en el 2007, cincuenta niños sufrieron daños irreversibles en accidentes de tránsito y se convirtieron en parte de la población con discapacidad.
Alvin Hidalgo es un joven que une esas dos circunstancias, sufrió un grave accidente de tránsito y por eso se transformó en una persona con discapacidad que vive en la zona rural. Lo peor para Alvin es que no consigue trabajo.
La pregunta entonces debe ser ¿Cómo enfrentan el tema laboral, las personas como Alvin? ¿Cuál es la historia detrás del desempleo?
Escuchabamos a Alvin Hidalgo, un joven de 22 años, vecino de Chánguena de Buenos Aires que nos hablaba de cómo enfrenta el tema laboral desde que un accidente de tránsito le arrebató su pierna derecha y con ella la posibilidad de trabajar en el campo.
EL PASE HABLA SOBRE EL TRABAJO DE LAS PCD
De cada cien personas con discapacidad que solicitan trabajo solo ocho lo obtienen.
Esta cifra muestra la realidad a la que se enfrenta el cinco por ciento de la población costarricense, según indica el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.
Las personas con discapacidad muchas veces se ven en la necesidad de no apuntar en el curriculum el nombre de su discapacidad por miedo a que esto provoque rechazo inmediato en el posible empleador. Sin embargo cuando son llamados para la entrevista no pueden fingir y su discapacidad se convierte instántaneamente en un obstáculo.
Ese es el lamentable panorama que nos pintan algunos representantes de esta población y sus defensores también.
El Jefe de Fracción del Partido Accesibilidad sin Exclusión, PASE, Diputado VICTOR EMILIO GRANADOS responsabiliza al Ministerio de Educación y al Ministerio de Trabajo de la mala posición laboral de las personas con discapacidad en Costa Rica.
GRANADOS asegura que el Estado no cumple con su función de educar y que el Ministerio de Trabajo prácticamente no existe.
Estas críticas al gobierno las hizo en una entrevista donde, además, como era de rigor, nos habló de los dos nuevos proyectos en materia laboral para personas con discapacidad que analiza actualmente la Asamblea Legislativa.
Escuchabamos al Jefe de Fracción del PASE, VICTOR EMILIO GRANADOS.
El Diputado nos hablaba de dos proyectos de ley que procuran mejorar la situación laboral de las personas con discapacidad en Costa Rica.
El primer proyecto referente a la inclusión en el sector público de las personas con discapacidad y el segundo proyecto que pretende reformar la ley setenta noventa y dos con respecto al impuesto de renta de los empleadores del sector privado.
También, GRANADOS criticó la labor del Ministerio de Educación y del Ministerio de Trabajo, culpándolos de la mala situación laboral de las personas con discapacidad.
Esta cifra muestra la realidad a la que se enfrenta el cinco por ciento de la población costarricense, según indica el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.
Las personas con discapacidad muchas veces se ven en la necesidad de no apuntar en el curriculum el nombre de su discapacidad por miedo a que esto provoque rechazo inmediato en el posible empleador. Sin embargo cuando son llamados para la entrevista no pueden fingir y su discapacidad se convierte instántaneamente en un obstáculo.
Ese es el lamentable panorama que nos pintan algunos representantes de esta población y sus defensores también.
El Jefe de Fracción del Partido Accesibilidad sin Exclusión, PASE, Diputado VICTOR EMILIO GRANADOS responsabiliza al Ministerio de Educación y al Ministerio de Trabajo de la mala posición laboral de las personas con discapacidad en Costa Rica.
GRANADOS asegura que el Estado no cumple con su función de educar y que el Ministerio de Trabajo prácticamente no existe.
Estas críticas al gobierno las hizo en una entrevista donde, además, como era de rigor, nos habló de los dos nuevos proyectos en materia laboral para personas con discapacidad que analiza actualmente la Asamblea Legislativa.
Escuchabamos al Jefe de Fracción del PASE, VICTOR EMILIO GRANADOS.
El Diputado nos hablaba de dos proyectos de ley que procuran mejorar la situación laboral de las personas con discapacidad en Costa Rica.
El primer proyecto referente a la inclusión en el sector público de las personas con discapacidad y el segundo proyecto que pretende reformar la ley setenta noventa y dos con respecto al impuesto de renta de los empleadores del sector privado.
También, GRANADOS criticó la labor del Ministerio de Educación y del Ministerio de Trabajo, culpándolos de la mala situación laboral de las personas con discapacidad.
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